En Colombia la Constitución política consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Para garantizarlo consagró el deber en cabeza del Estado de "proteger la diversidad e integridad del ambiente". Esta responsabilidad no solo se orienta a garantizar condiciones de vida dignas para las generaciones actuales, sino también a preservar el legado ambiental para el futuro. Para ello, el Estado debe garantizar la aplicación de los principios de valoración de costos ambientales, desarrollo sostenible, planificación económica y gestión responsable de los recursos, velando por la preservación efectiva de los recursos ambientales.
