El libro analiza los límites a la facultad sancionadora de los particulares según la Jurisprudencia Constitucional que ha fijado los parámetros del debido proceso a la hora de aplicar sanciones a los miembros de las organizaciones privadas; para ello, acudiremos al estudio de las reglas y subreglas que ha definido la alta corporación como parámetros del debido proceso para aplicar sanciones entre organizaciones particulares sin existir un régimen disciplinario reglamentado por el legislador, como lo encontramos en diversas normas sancionatorias y disciplinarias del derecho público vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. El análisis busca precisar los problemas jurídicos y las consecuencias que se observan en la aplicación de sanciones contenidas en estatutos y reglamentos privados creados por los particulares en las organizaciones privadas. Se aborda de acuerdo con una metodología con enfoque cualitativo, con análisis documental de recolección de información para evaluar la potestad por parte de las organizaciones particulares, en general, de imponer sanciones, con especial énfasis en la facultad disciplinaria del empleador, según el procedimiento para aplicar sanciones que está definido en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo. También se hace un análisis en relación con su constitucionalidad a partir de la Sentencia C-593 del 2014; finalmente, se concluye que, no obstante existe jurisprudencia que limita el actuar de los particulares a la hora de aplicar una sanción, es necesario que el legislador reglamente algunos trámites sancionatorios con base en los postulados del debido proceso constitucional, toda vez que la potestad de reglamentación y definición de las sanciones está quedando a la discreción de los particulares, lo que debilita las garantías del debido proceso de quienes son sometidos a la aplicación de una sanción.
